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Recientemente ha trascendido que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) cobrará impuestos en criptomonedas lo cual, como veremos a continuación, no es en realidad así.

Países como El Salvador – independientemente de su pésima calidad republicana e institucional y su tradicional escasa seguridad jurídica – han en efecto optado por legalizar el Bitcoin e incluso integrar este criptoactivo en particular a sus reservas nacionales. Existe allí una wallet creada por el Estado y se permite expresamente que el ciudadano pueda realizar el pago de impuestos desde su propia billetera virtual. Incluso es usual ver al presidente Bukele presumiendo mediante tweets que, cada vez que el Bitcoin baja – lo que se conoce como “el DIP”–, adquiere una mayor cantidad para las reservas nacionales salvadoreñas. Todo lo contado hasta aquí en cuanto al pago de impuestos en El Salvador es lógico por cuanto, como se mencionó antes, allí se reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal.

Otros estados, como las Islas Marshall, plantean desde hace años la emisión de una propia criptomoneda con fuerza de curso legal, en este caso “The Sovereign” conocida como “SOV“ o “Soberano” en español, la cual se ofrecerá a través de lo que se conoce como “OMI” (Oferta Monetaria Inicial). El “SOV“ es muy interesante dado que solo se permite transaccionar en wallets identificadas y verificadas con tokens de identidad, combatiendo así el lavado de activos y otros delitos, pero posibilitando a la vez una mayor trazabilidad y control de los movimientos de los ciudadanos.

Bermuda, por citar otro ejemplo, se convirtió en el primer estado en promover la aceptación de criptomonedas, más precisamente la stablecoin USDC, para el pago de impuestos.

Hasta Venezuela ha lanzado el “petro”, un criptoactivo respaldado por el petróleo de la Nación Bolivariana.

Existen, finalmente, otros países, como Portugal, que si bien no ofrecen el pago de impuestos en cripto ni las tratan como moneda de curso legal, si incentivan, a través de sus sistemas tributarios las actividades relacionadas con criptoactivos.

Nada de ello sucede – y probablemente no sucederá en el corto plazo – en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que se anunció como la posibilidad de “pagar impuestos en criptomonedas” esconde en realidad la utilización de los exchanges como agentes de recaudación de impuestos en criptomonedas. En efecto, a partir de la entrada en vigor de la normativa a la que hacemos referencia, los exchanges que se verán obligados a recibir de sus usuarios criptoactivos destinados al pago de determinados impuestos, deberán convertir dichas criptos a pesos argentinos y luego tendrán que enviar esos mismos pesos al Gobierno de la Ciudad, el cual a su vez remitirá dichos pesos a la AFIP (el ente recaudador en Argentina).

Que quede claro: el Gobierno de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el esquema propuesto ni admite a las criptomonedas como moneda de curso legal – lo cual no le correspondería hacer, dado que es potestad del Congreso Nacional –, ni abrirá su propia wallet, ni emitirá una cripto, ni hará absolutamente nada de las cosas a las que nos referimos más arriba. Y, al menos por el momento, la AFIP seguirá cobrando en pesos.

Por otro lado, podríamos inclusive ver un encarecimiento de los costos para los pagadores de impuestos, dado que los exchanges probablemente cobren comisiones por estas transacciones y busquen, además, cubrirse del riesgo que suele haber en las fluctuaciones de criptomonedas.

Todo este riesgo lo asume el exchange y lo paga al pagador de impuestos, el Gobierno municipal no confía ni se arriesga en lo más mínimo, ni siquiera a holdear un criptoactivo en el corto plazo.

Algo similar está ocurriendo en Río de Janeiro (Brasil), lo cual deja en claro que los Estados solo buscan marketing en pos de atraer emprendedores, para luego aniquilarlos con impuestos.

Nuestra postura es clara y es la misma desde hace tiempo: las criptomonedas son legales, y subsisten sin los estados. No necesitan ser ni legalizadas ni aceptadas para el pago de impuestos, sino que son legítimas de por sí.

En ocasiones, la fuerza de los hechos se impone al derecho. Algo similar, por ejemplo, sucede con las DAOs y los smart contracts en general. Y cuando esto sucede, los Estados deben “hacerse a un lado” y permitir el desarrollo, la innovación y el crecimiento. A la larga, ese crecimiento les va a generar más recursos a ellos también.

Esperamos, en conclusión, que esto no sea el comienzo de una maniobra más de Horacio Rodríguez Larreta y los estados en general que implique el comienzo de la utilización de los exchanges al servicio de los aquellos lugares que pretenden disfrazarse de “cryptofriendly” para de alguna manera “engañar” a los pagadores de impuestos. En otras palabras, está bueno que los gobiernos innoven en materia impositiva, pero hubiera sido mejor que la innovación pasase por la búsqueda de una reducción en la presión tributaria en lugar de en una búsqueda de nuevos métodos de pagos.

Martin Litwak es un abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. Es el fundador de Untitled (anteriormente conocida como “Litwak & Partners”), un estudio de abogados y Legal Family Office. Actualmente se desempeña como CEO de la firma. También es CEO de Smart Structuring, una plataforma de Blockchain que permite almacenar y administrar trusts.
Camila Da Silva Tabares trabaja en el área de Corporate & Funds de Untitled SLC. Es Diplomada en Gestión & Estrategia en Ciberseguridad y en Planificación Patrimonial & Fiscalidad internacional.