Las claves para entender el impacto que la regulación de bitcoin puede tener en Europa

El Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), destinado a crear un marco legal para bitcoin (BTC), las stablecoins y otros activos digitales dentro de la Unión Europea, sigue en debate en el diálogo tripartito. Quiere decir que, de ser aprobada, esta normativa podría entrar en vigor en los próximos 24 meses. Pero, ¿cuál es el impacto que puede generar en el ecosistema si se le da el visto bueno tal como está presentada hasta ahora?

La respuesta a la pregunta anterior está contenida en las 168 páginas del proyecto de ley MICA. Sin embargo, un grupo de abogados que se dice conocedor del mercado de las criptomonedas, publicó un documento en su sitio web LexPunk. En él, detalla las claves que generan mayor preocupación en la normativa.

En primer lugar, el documento destaca que el proyecto de ley contempla que los emisores u ofertantes de criptoactivos deben publiquen y presenten un informe técnico en el que describan todos los datos relacionados con el proyecto.  

Sin embargo, la normativa exige que el documento técnico debe ser aprobado por las autoridades financieras pertinentes.

Por otro lado, desde el punto de vista de los abogados de LexPunk, la ley también puede imponer ciertos requisitos a los desarrolladores de proyectos, como la obligación de vincular sus iniciativas solo con proveedores de servicios que estén regulados. Una medida que consideran «se asemeja a las tradicionales», o las que ya existen en mercados financieros tradicionales.

En ese sentido, los abogados encuentran que la ley tiene un enfoque tecnológicamente neutral para varios grupos de productos.

Por ejemplo, coloca a los tokens de gobernanza, los tokens de utilidad, y a los NFT (tokens no fungibles) en el mismo grupo «y de facto los coloca a todos en una sola categoría regulatoria a pesar de que son diferentes entre sí».

¿Las criptomonedas bajo el control del Estado? 

También considera como punto en contra para el mercado de las criptomonedas que la ley MICA se base en las mismas políticas que usa la Unión Europea para regular el mercado financiero tradicional, como son las normativas como MiFIDII, MiFIR y MAR.

Los emisores, los oferentes y los proveedores de servicios de criptoactivos son identificados como los principales sujetos reguladores. Sus obligaciones son similares a las de sus correspondientes roles en el sector financiero tradicional conocidas por normativas como MiFIDII, MiFIR y MAR. Si bien esto parece justo, hornear una superregulación de talla única para los mercados de criptomonedas no consigue aportar claridad regulatoria a los aspectos que se parecen menos a las funciones y actividades conocidas del sector financiero tradicional.

Documento de los abogados de LexPunk sobre la Ley MICA.

Los juristas no le encuentran sentido a la creación de un marco regulatorio para las criptomonedas, basado en leyes existentes. Creen que se están aplicando las mismas normativas con las que se regulan los mercados financieros tradicionales, considerándolos iguales cuando en realidad no lo son.

En el caso específico de bitcoin, parece una regulación poco acorde para una criptomoneda descentralizada que no cuenta con ningún intermediario centralizado.

Una vez aprobado el proyecto de ley MICA, el texto añade que «los emisores de este tipo de criptomonedas se someterán a importantes controles por parte de la autoridad competente. Y tendrán que respetar fuertes requisitos relativos de su estructura organizativa y la gestión de los fondos», agregan.

La Ley MICA y su impacto en el mercado de bitcoin 

Por otro lado, el documento advierte que el rigor del Reglamento «revela la intención original de la Unión Europea de combatir las formas de sistemas de pago alternativos a las monedas fíat que pudieran afectar a las políticas monetarias del continente».

La impresión general parece ser que esta parte de la regulación [la de stablecoin] está particularmente (aunque no expresamente) referida a los emisores situados en otras regiones del mundo que ya han emitido stablecoins que en los últimos años han ganado grandes de mercado. Para estos operadores, es previsible que se requieran importantes medidas de cumplimiento para adecuar sus actividades a las nuevas normas europeas.

Documento de los abogados de LexPunk sobre la Ley MICA.

Además, los abogados de LexPunks prevén que el bloque de las normas MiCA dedicado a los proveedores de servicios de criptoactivos, tendrá un gran impacto en la actividad de los exchanges centralizados. Esto en el sentido de que los estrictos requisitos probablemente generen obstáculos para las empresas más pequeñas que tendrán que cubrir costos excesivos para cumplir con todos los requisitos.

Alerta sobre la privacidad

De igual manera en el documento se alerta sobre la normativa en torno a las transferencias de criptomonedas con carteras de autocustodia. Sobre ello señala: «serán un problema para todas las partes interesadas y podría perjudicar significativamente la privacidad de los usuarios».

Tal como informó CriptoNoticias, el plan de los parlamentarios con esta legislación es revisar y reformular algunas de las normativas vigentes con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), extendiendo su aplicación al ecosistema de criptomonedas.

El objetivo es que las transacciones con bitcoin y otras criptomonedas no solo sean rastreables y también identificables. De tal manera que todos los proveedores de activos digitales apliquen la denominada «regla de viaje», norma propuesta por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Entre las leyes vigentes que se reformularían para lograr esta meta, se halla la relacionada con los montos límites de las transacciones bancarias que pueden permanecer en anonimato en la Unión Europea. Actualmente el monto mínimo está establecido en hasta 1.000 euros (USD 1099).

Para Patrick Hansen, un seguidor cercano de las actividades regulatorias del ecosistema de las criptomonedas en Europa, la aprobación de la medida traería como consecuencia «que las empresas [exchanges o proveedores de servicios] se verían obligadas a cortar las transacciones con este tipo de carteras».